El secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, y la coordinadora del Area de Discapacidad, Andrea Elgart, formularon una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº16, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, para que se investigue si hubo distribución y uso proselitista de datos de personas con discapacidad en Tres Arroyos por parte de dirigentes de La Libertad Avanza. La presentación judicial se basa en los chats difundidos públicamente el pasado 9 de enero, y atribuidos a la coordinadora de esa fuerza política para la Sexta Sección Electoral, la concejala bahiense Franca Grippo, en los cuales se hace mención a que la dirigente tendría en su poder “el padrón de Incluir Salud (es el seguro de salud que se otorga a las personas con discapacidad que perciben Pensión no Contributiva) de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio!!!”.
“Es información reservada, me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes!”. “Los que vayan a la inauguración de Tres Arroyos me avisan y se las llevo!!”. “Reitero esto: me pidieron que lo entregue en mano, porque es info reservada y no quieren que ande circulando”, refieren los chats aportados como prueba.
La denuncia formulada por los funcionarios locales indica, en su descripción de los hechos, que “tres días después de la fecha (17 de junio de 2025) en la que Grippo alienta a quienes van a asistir a ‘la inauguración en Tres Arroyos’ a que le soliciten el listado de beneficiarios de Incluir Salud, esto es, personas con discapacidad que cobran Pensión no Contributiva, se produce efectivamente, según publican medios tresarroyenses el 20 de junio de 2025, la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos. Y la concejala bahiense se hace presente en el acto, según fotografías de las mismas publicaciones, donde dirige palabras a los presentes y toma contacto directo con el coordinador local, concejales en funciones y candidatos para las elecciones que se realizaron el 7 de septiembre del año pasado”.
Finalmente, el pedido a la justicia está orientado a que se investigue “en los términos del artículo 157 bis del Código Penal, la posible comisión del delito de acceso ilegítimo y revelación indebida de datos sobre personas con discapacidad del partido de Tres Arroyos, considerando el agravante de la condición de funcionarios públicos de quienes pudieren resultar sus autores”.
