El abogado especialista en derecho previsional, Miguel Ángel Fernández Pastor, desmintió en Cosas que Pasan a quienes afirman que el gobierno de Alberto Fernández eliminará la movilidad jubilatoria.
“Hicieron todos los desastres habidos y por haber y por primera vez s ele otorgará un beneficio extraordinario a 9 millones de argentinos y eso pareciera ser un ajuste sin quitarle derechos a ningún otro, y eso se ve como un ajuste, eso es de locos. Hay que esperar a ver qué va a pasar en marzo para decir algo”.
“Las jubilaciones no se congelaron porque el mismo artículo que suspende la movilidad en uno de sus párrafos agrega que el Poder Ejecutivo otorgará los aumentos de marzo y julio por decreto. Además la movilidad que está prevista en la ley ya definió el aumento del 11.56 % en marzo. Por lo tanto si el presidente dice que nadie va a perder con eso piensa por lo menos dar este aumento. El sentido d ela suspensión es resolver el problema de los que menos ganan o que tengan un derecho mejor como los que tendrán la jubilación general. Es sentido común, ningún gobierno hace un esfuerzo tan grande si pensara que no va a generar mejoras y ampliación de derechos”, manifestó en Cosas que Pasan el especialista en seguridad social.
Fernández Pastor destacó que las medidas anunciadas por Nación que benefician a los jubilados –como el bono de $5000- “le dan un oxígeno al gobierno para estudiar la fórmula adecuada para calcular el haber previsional”.
Asimismo Fernández Pastor explicó la necesidad de cambiar la fórmula con la que se calcula el haber jubilatorio y recordó que por decisión de la gestión anterior la nueva fórmula está compuesta en un 70% de la variación de precios que informa el INDEC y el 30% de un índice salarial publicado por la secretaría de Seguridad Social denominado RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Consideró que “a esa a fórmula actual hay que modificarla porque en los últimos dos años el sistema previsional perdió casi el 23% y puede ser aún más, dependiendo de la inflación, y por lo tanto es una fórmula negativa”.
El especialista mencionó que “la fórmula anterior, que rigió hasta diciembre del 2017, si se hubiese seguido aplicando habría una pérdida mucho menor, alrededor del 14%, es decir la fórmula anterior era mejor que la actual y eso se tendrá que rever”.
Fernández Pastor señaló que las medidas que se aplicarán tras la sanción de la ley le darán un margen de 60 días a su Gabinete para estudiar y llevar adelante el cambio de fórmula que represente menos perjuicio para los jubilados.
