Diputados de Juntos por el cambio presentaron un proyecto que busca incorporar a las personas con discapacidad a la primera etapa del plan de vacunación. La iniciativa se da en el marco de la polémica por los vacunados VIP.
“Durante el desarrollo de la pandemia siempre estuvimos pidiendo medidas y acciones específicas para las personas con discapacidad. En esta oportunidad, reconociendo una demanda de distintas organizaciones, solicitamos que no nos olvidemos de ellas en la etapa de la vacunación. Por eso el proyecto para que se las incluya junto a las personas de riesgo, como los mayores de 60 años y las personas de entre 18 y 59 años con enfermedades preexistentes”, explicó la diputada Laura Aprile.
Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19. Esto es así porque no siempre pueden observar el distanciamiento físico por la necesidad de asistencia y atención médica, porque no tienen acceso a información accesible y porque el uso prolongado de elementos de protección personal, en ocasiones, no es factible.
Cuando se infectan con el virus, las personas con discapacidad tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves con riesgo de muerte, producto de condiciones preexistentes.
“Ademas, esperamos que se aclare la cuestión de vacunatorios y vacunados VIP. El gobernador y su equipo deben dar certezas en medio de la pandemia, no se puede hacer uso del Estado como si fuera propio y para los amigos. La gravedad de la situación nos obliga a trabajar de manera seria y responsable”, destacó Aprile.
Un estudio de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un análisis comparativo entre las personas con discapacidad (con Certificado Único de Discapacidad) y el total de la población contagiada con COVID-19 en septiembre de 2020. Allí se detectó que el porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue 7%, mientras que el de la población total es 2,2%: una diferencia de 4,8 puntos porcentuales. También observó que el porcentaje de personas con discapacidad recuperadas es menor que el porcentaje de la población general. Además, en su documento, la ANDIS permite singularizar aún más los niveles de riesgo, ya que observa que entre las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria se observó una proporción mayor de fallecimientos: el 13% frente al 8,3% de personas con discapacidad sin dependencia.
