En un contexto donde la accidentología vial no solo representa una tragedia humana sino también una carga financiera asfixiante para el Estado, el municipio de Coronel Pringles ha puesto sobre la mesa un proyecto de ordenanza que busca un cambio de paradigma: que quienes provoquen accidentes por conductas temerarias se hagan cargo de los gastos médicos generados. Para analizar la viabilidad y el impacto de esta medida, conversamos con Roberto Fabiano, técnico en seguridad vial y exconcejal de Tres Arroyos, quien aportó una visión técnica y pragmática sobre el asunto.
La propuesta surge del propio gobierno municipal y tiene un doble objetivo: cuidar el gasto público y generar conciencia ciudadana. La normativa apunta a recuperar los costos de atención hospitalaria en casos donde el responsable haya conducido alcoholizado, sin la documentación reglamentaria o de manera imprudente.
Las cifras
Fabiano, que ha seguido de cerca las estadísticas de accidentología, no se muestra sorprendido por la iniciativa. Según relata, los números que maneja Pringles son contundentes: solo en cinco o seis siniestros ocurridos el año pasado, el municipio devengó 150 millones de pesos en gastos de salud.
“El promedio mundial de un siniestro grave ronda los 30.000 dólares“, explica Fabiano. El técnico aclara que este monto no solo incluye la atención de urgencia y la ambulancia, sino también cirugías, traslados y, fundamentalmente, la pérdida de ganancia de quien queda discapacitado o el costo de su atención de por vida. “Es mucho el dinero que se pone en juego”, advierte el experto.
El desafío
A pesar de ver con buenos ojos cualquier medida que contribuya a la seguridad vial, Fabiano plantea dudas razonables sobre la aplicación efectiva de la norma. El principal obstáculo, según su visión, es la dificultad para probar la temeridad o responsabilidad en muchos de los siniestros, salvo en casos claros como una alcoholemia positiva.
Además, señala un problema cultural y político: la reticencia del Estado a accionar legalmente contra sus propios ciudadanos. “Lo ves en las deudas de tasas; hay un 50% de la ciudadanía que no paga y el Estado no acciona”, compara Fabiano, sugiriendo que cobrar facturas hospitalarias millonarias a un vecino será una tarea compleja para cualquier gestión municipal.
¿Dinero o servicio comunitario?
Uno de los puntos más innovadores del proyecto es que, si el responsable no cuenta con recursos, podría compensar la deuda con horas de trabajo comunitario o la quita de beneficios municipales.
Fabiano recuerda haber propuesto algo similar en Tres Arroyos para las multas de tránsito, inspirado en el exitoso modelo español. Según su experiencia, el trabajo comunitario genera una toma de conciencia mucho mayor que el simple pago de una multa. “En España se logró un resultado muy positivo porque esas horas ayudaban a la persona a involucrarse y entender la gravedad de sus actos”, destaca.
Responsabilidad
Aunque Fabiano reconoce que la justicia en el país es “compleja” y que la implementación será un reto, celebra que se asuman posturas firmes. La medida en Coronel Pringles, que cuenta con mayoría en el Concejo Deliberante, parece encaminada a convertirse en ordenanza.
Para el técnico en seguridad vial, el mensaje es claro: conducir de manera irresponsable ya no puede ser gratuito para el infractor ni una carga infinita para el contribuyente.
